miércoles, julio 23, 2008

Amnistía llama a gobierno de Pakistán a revelar la verdad sobre las desapariciones forzadas


“El nuevo gobierno de Pakistán deber revelar de inmediato dónde se encuentran recluidas los centenares de personas que están en paradero desconocido, víctimas de desaparición forzada, investigar todos los casos y hacer rendir cuentas a los responsables, incluidos los servicios de inteligencia y seguridad del Estado”, ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy 23 de julio de 2008.

Amnistía Internacional ha pedido también a los líderes del nuevo gobierno de Pakistán que rehabiliten a los jueces depuestos que estaban investigando casos de desaparición. Cuando el presidente Pervez Musharraf impuso el estado de excepción en noviembre de 2007, depuso a jueces clave, que habían exigido una respuesta al Estado en relación con las desapariciones forzadas.

En su nuevo informe, 'Denying the undeniable, enforced disappearances in Pakistan', Amnistía Internacional se vale de actas judiciales oficiales y declaraciones juradas de víctimas y testigos de desaparición forzada para mostrar a las autoridades paquistaníes que los intentos de localizar a las personas desaparecidas se han visto obstaculizados por funcionarios del Estado, especialmente de los servicios de inteligencia y seguridad.

Centenares de personas “desaparecidas” fueron detenidas en aplicación de medidas antiterroristas adoptadas por Pakistán en el contexto de la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos.

En el informe se pide también a otros gobiernos, especialmente al de Estados Unidos, que garanticen que no son cómplices en la práctica de la desaparición forzada ni la facilitan ni toleran. Muchas personas que han estado recluidas en secreto en centros de detención de Pakistán afirman que fueron interrogadas por los servicios de inteligencia paquistaníes, pero también por agentes extranjeros. “El primer ministro Yusuf Raza Gilani ha hecho hincapié en el compromiso el gobierno de coalición con la necesidad de hacer valer los derechos humanos –ha manifestado Sam Zarifi, director del Programa para Asia y Oceanía de Amnistía Internacional-. Le instamos a que tome de inmediato medidas para resolver todos los casos de desaparición.”

“Como primera medida, el nuevo gobierno debe aliviar el sufrimiento de los familiares de los “desaparecidos” dejando en libertad a los detenidos o trasladándolos a centros oficiales de detención”, agregó.

Las desapariciones forzadas están por su naturaleza rodeadas de secreto, por lo que es imposible conocer el número exacto de víctimas. Las organizaciones paquistaníes que trabajan en favor de las familias de las personas desaparecidas afirman que hay al menos 563 casos.

Basándose en declaraciones juradas y otros testimonios, el informe de Amnistía Internacional revela la existencia de reiterados casos de personas (algunas menores de edad, incluso de sólo nueve años en uno de los casos) que han sido detenidas arbitrariamente por miembros de las fuerzas de seguridad y, con los ojos vendados, han sido trasladadas de un centro de detención a otro para que resulte difícil seguirles el rastro.“No sabemos si las personas objeto de desaparición forzada son culpables o inocentes –ha señalado Sam Zarifi- , pero es esencial respetar su derecho a ser acusadas y juzgadas debidamente ante un tribunal de justicia.”

“Con la detención de personas en secreto, el gobierno de Pakistán no sólo viola los derechos de los detenidos, sino que también incumple su deber de presentar cargos contra los presuntos responsables de ataques contra civiles y juzgarlos”, concluyó.

Información complementaria

En 2006, la organización documentó decenas de casos de desaparición forzada en Pakistán, especialmente de personas detenidas en aplicación de medidas antiterroristas adoptadas por Pakistán en el contexto de la “guerra contra el terror” dirigida por Estados Unidos.

Entonces, el presidente Musharraf negó lo denunciado por Amnistía Internacional, señalando: “No quiero ni siquiera contestar a ello. Es absurdo. No me lo creo. No es verdad”. Añadió que su gobierno había detenido a 700 personas, pero que había dado cuenta de toda ellas. En marzo de 2007 volvió a asegurar que la afirmación de que habían desaparecido centenares de personas bajo custodia de los servicios de inteligencia paquistaníes no tenía “absolutamente ninguna base” y que en realidad estas personas habían sido reclutadas o captadas por “grupos yihadíes” para combatir. “Estoy totalmente seguro de que las personas desparecidas están bajo el control de organizaciones extremistas”, dijo.

-Asad Usman, de nueve años de edad, fue detenido por la policía de fronteras de Baluchistán, que, según figura en la documentación oficial, dijo que sería puesto en libertad cuando su hermano mayor, que estaba siendo buscado, se entregara. Estuvo recluido en Tump o Mand, cerca de Turbat, provincia de Baluchistán. El Tribunal Supremo ordenó que fuera puesto en libertad el 27 de abril de 2007.·

-Masood Janjua, hombre de negocios y padre de familia de 45 años, fue detenido por las fuerzas de seguridad paquistaníes en julio de 2005, cuando viajaba en autobús con su amigo Faisal Faraz, ingeniero de Lahore de 25 años. El gobierno no ha reconocido que se encuentre recluido, pese a que varias personas que han estado detenidas, entre ellas el Dr. Imran Munir, afirman que lo vieron bajo custodia. La esposa de Masood, Amina Masood Janjua, fue cofundadora del grupo Defensa de los Derechos Humanos con la madre de Faisal.·

-El Dr. Imran Munir, ciudadano malaisio de origen paquistaní, fue detenido en julio de 2006 y estuvo en paradero desconocido hasta que el Tribunal Supremo fue informado en una vista del 4 de mayo de 2007 de que se le había formado consejo de guerra por el cargo de “espiar en contra de Pakistán”. Un mes después se comunicó al Tribunal que había sido condenado a ocho años de prisión. El Tribunal ordenó su comparecencia y, al ver que estaba mal de salud, determinó su ingreso en un hospital. El Dr. Munir iba a hacer una declaración sobre su desaparición forzada cuando la vista quedó interrumpida por la imposición del estado de excepción en noviembre del año pasado. Las autoridades militares retiraron la sentencia condenatoria dictada contra él tras ponerla el Tribunal Supremo en duda. Amnistía Internacional ha sido informada de que el Dr. Munir no ha sido sometido todavía a un nuevo juicio por espionaje, cargo que pesa todavía sobre él, y sigue confinado en el hospital.

fuente: Amnistia Internacional

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