Amnistía denuncia ola de violencia contra mujeres en Georgia
Decenas de miles de mujeres en Georgia son golpeadas, sometidas a palizas, violadas y en algunos casos incluso asesinadas por sus esposos o compañeros, según un nuevo informe de Amnistía Internacional. "El impacto de la violencia intrafamiliar, que todo lo invade, devasta la vida de las mujeres, su salud, su trabajo y el bienestar de su familia", ha declarado Anna Sunder-Plassmann, investigadora de Amnistía Internacional sobre Georgia.
El informe, titulado Georgia: Thousands suffering in silence. Violence against women in the family, expone la actitud mostrada en el pasado por el gobierno de no proteger a las mujeres frente a nuevos actos de violencia, no tratar adecuadamente las denuncias y no iniciar procesamientos penales. Al mismo tiempo, pide a las autoridades que apliquen de forma urgente y efectiva la legislación promulgada recientemente. "La reciente adopción de legislación sobre la violencia en el ámbito familiar es un importante paso adelante. Las autoridades deben aplicar esta legislación y hacer de la erradicación de la violencia intrafamiliar una prioridad en su política de derechos humanos", ha declarado Anna Sunder-Plassmann.
El informe incluye numerosos testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica y que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias y al ostracismo social. Sus historias son un catálogo de violaciones de derechos humanos e ilustran el clima de impunidad en el que viven.
Nino se casó cuando tenía 17 años. Su esposo la obligó a abandonar sus estudios en una escuela de música en la que aprendía a tocar el violín. Le prohibió ver a sus amistades, controlaba todos sus movimientos y no le daba dinero. A consecuencia de las palizas, que comenzaron poco después de la boda, Nino tuvo que ser llevada en dos ocasiones al hospital. Nunca llamó a la policía, pues temía que su esposo la golpeara aún más. No podía abandonarlo, porque no tenía donde ir con sus tres hijos y dependía económicamente de él. El suplicio de Nino, que se prolongó 20 años, terminó cuando su esposo la dejó por otra mujer, a la que ahora maltrata. Un porcentaje muy reducido de mujeres busca ayuda y justicia frente a la violencia. Muchas se quedan con sus compañeros porque no tienen donde ir y carecen de independencia económica.
Las denuncias a la policía quedan en ocasiones sin respuesta, y a menudo vienen seguidas de más palizas de sus esposos o compañeros. La policía y el personal médico carecen a menudo de la formación necesaria para identificar, registrar adecuadamente y tratar la violencia en el ámbito familiar. A consecuencia de ello, las víctimas no reciben el apoyo necesario y los autores quedan impunes. La legislación nacional presenta un obstáculo adicional a la lucha contra la impunidad.
Si una mujer sufre lesiones graves, el Estado está obligado a abrir una causa penal. Sin embargo, en el caso de delitos tales como "causar daños menores a la salud con premeditación" y "palizas", el Estado no inicia procesamientos. La víctima tiene que presentar una denuncia ella misma para obtener justicia. Esta legislación sitúa a las víctimas de violencia intrafamiliar en un peligro adicional, ya que los maltratadores suelen presionar a las mujeres para que retiren la denuncia.
"Las mujeres deben tener la oportunidad de presentar denuncias, pero la responsabilidad principal de iniciar procesamientos penales en casos en los que existan pruebas de que se ha cometido un delito debe recaer en el Estado. A la víctima de la violencia en el ámbito familiar debe pedírsele que actúe como testigo", ha manifestado Anna Sunder-Plassmann.
Ante las palizas en su casa, muchas mujeres -que no tienen familia ni amistades que les puedan dar refugio a ella y a sus hijos- no tienen donde ir. Por el momento, hay sólo dos refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que dista mucho de ser suficiente. "Debe establecerse urgentemente una red de refugios en todo Georgia. Todas las mujeres y sus hijos e hijas deben poder contar con un lugar seguro cuando decidan escapar de una relación violenta", ha manifestado Anna Sunder-Plassman agregó que "a menos que las mujeres tengan opciones constructivas para dejar una relación violenta, existe el peligro de que opten por soluciones extremas como el suicidio o el homicidio de su maltratador."
En mayo de 2006, el Parlamento de Georgia adoptó la primera ley promulgada en el país sobre violencia en el ámbito familiar, una ley redactada tras amplias consultas con ONG. Esta nueva ley introduce en la legislación georgiana una definición de violencia intrafamiliar y proporciona una base legal para tomar medidas de protección y dictar órdenes de alejamiento. También dispone que debe aprobarse, en los cuatro meses siguientes a su publicación, un plan de acción nacional contra la violencia en el ámbito familiar. "Se necesitan una fuerte voluntad política y una acción concertada por parte de las autoridades para aprovechar el impulso creado por la adopción de la ley sobre violencia en el ámbito familiar", ha declarado Anna Sunder-Plassman.
"La violencia intrafamiliar no es inevitable y no debe aceptarse. Depende de las autoridades de Georgia cumplir su obligación internacional de prevenir e investigar todos los actos de violencia contra las mujeres, hacer rendir cuentas de sus actos a los perpetradores y garantizar protección y reparación a las víctimas", concluyó Sunder- Plassman
El informe, titulado Georgia: Thousands suffering in silence. Violence against women in the family, expone la actitud mostrada en el pasado por el gobierno de no proteger a las mujeres frente a nuevos actos de violencia, no tratar adecuadamente las denuncias y no iniciar procesamientos penales. Al mismo tiempo, pide a las autoridades que apliquen de forma urgente y efectiva la legislación promulgada recientemente. "La reciente adopción de legislación sobre la violencia en el ámbito familiar es un importante paso adelante. Las autoridades deben aplicar esta legislación y hacer de la erradicación de la violencia intrafamiliar una prioridad en su política de derechos humanos", ha declarado Anna Sunder-Plassmann.
El informe incluye numerosos testimonios de mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica y que prefieren mantener el anonimato por temor a represalias y al ostracismo social. Sus historias son un catálogo de violaciones de derechos humanos e ilustran el clima de impunidad en el que viven.
Nino se casó cuando tenía 17 años. Su esposo la obligó a abandonar sus estudios en una escuela de música en la que aprendía a tocar el violín. Le prohibió ver a sus amistades, controlaba todos sus movimientos y no le daba dinero. A consecuencia de las palizas, que comenzaron poco después de la boda, Nino tuvo que ser llevada en dos ocasiones al hospital. Nunca llamó a la policía, pues temía que su esposo la golpeara aún más. No podía abandonarlo, porque no tenía donde ir con sus tres hijos y dependía económicamente de él. El suplicio de Nino, que se prolongó 20 años, terminó cuando su esposo la dejó por otra mujer, a la que ahora maltrata. Un porcentaje muy reducido de mujeres busca ayuda y justicia frente a la violencia. Muchas se quedan con sus compañeros porque no tienen donde ir y carecen de independencia económica.
Las denuncias a la policía quedan en ocasiones sin respuesta, y a menudo vienen seguidas de más palizas de sus esposos o compañeros. La policía y el personal médico carecen a menudo de la formación necesaria para identificar, registrar adecuadamente y tratar la violencia en el ámbito familiar. A consecuencia de ello, las víctimas no reciben el apoyo necesario y los autores quedan impunes. La legislación nacional presenta un obstáculo adicional a la lucha contra la impunidad.
Si una mujer sufre lesiones graves, el Estado está obligado a abrir una causa penal. Sin embargo, en el caso de delitos tales como "causar daños menores a la salud con premeditación" y "palizas", el Estado no inicia procesamientos. La víctima tiene que presentar una denuncia ella misma para obtener justicia. Esta legislación sitúa a las víctimas de violencia intrafamiliar en un peligro adicional, ya que los maltratadores suelen presionar a las mujeres para que retiren la denuncia.
"Las mujeres deben tener la oportunidad de presentar denuncias, pero la responsabilidad principal de iniciar procesamientos penales en casos en los que existan pruebas de que se ha cometido un delito debe recaer en el Estado. A la víctima de la violencia en el ámbito familiar debe pedírsele que actúe como testigo", ha manifestado Anna Sunder-Plassmann.
Ante las palizas en su casa, muchas mujeres -que no tienen familia ni amistades que les puedan dar refugio a ella y a sus hijos- no tienen donde ir. Por el momento, hay sólo dos refugios gestionados por organizaciones no gubernamentales (ONG), lo que dista mucho de ser suficiente. "Debe establecerse urgentemente una red de refugios en todo Georgia. Todas las mujeres y sus hijos e hijas deben poder contar con un lugar seguro cuando decidan escapar de una relación violenta", ha manifestado Anna Sunder-Plassman agregó que "a menos que las mujeres tengan opciones constructivas para dejar una relación violenta, existe el peligro de que opten por soluciones extremas como el suicidio o el homicidio de su maltratador."
En mayo de 2006, el Parlamento de Georgia adoptó la primera ley promulgada en el país sobre violencia en el ámbito familiar, una ley redactada tras amplias consultas con ONG. Esta nueva ley introduce en la legislación georgiana una definición de violencia intrafamiliar y proporciona una base legal para tomar medidas de protección y dictar órdenes de alejamiento. También dispone que debe aprobarse, en los cuatro meses siguientes a su publicación, un plan de acción nacional contra la violencia en el ámbito familiar. "Se necesitan una fuerte voluntad política y una acción concertada por parte de las autoridades para aprovechar el impulso creado por la adopción de la ley sobre violencia en el ámbito familiar", ha declarado Anna Sunder-Plassman.
"La violencia intrafamiliar no es inevitable y no debe aceptarse. Depende de las autoridades de Georgia cumplir su obligación internacional de prevenir e investigar todos los actos de violencia contra las mujeres, hacer rendir cuentas de sus actos a los perpetradores y garantizar protección y reparación a las víctimas", concluyó Sunder- Plassman
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